19/03/2021
WAN-IFRA condena el abandono del gobierno colombiano durante el primer día de una audiencia pública virtual en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que debía determinar el nivel de responsabilidad del Estado por el secuestro, violación y tortura de la periodista Jineth Bedoya Lima en el año 2000.
El lunes 15 de marzo, la Sra. Bedoya Lima, galardonada con la Pluma de Oro de la Libertad de WAN-IFRA en 2020, prestó un testimonio detallado sobre su terrible experiencia. Poco después, el equipo jurídico del gobierno colombiano se retiró en protesta sin precedentes tras exigir la recusación de cinco de los seis magistrados en ejercicio, alegando parcialidad y falta de objetividad en sus interrogatorios.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevó el caso a la Corte IDH en mayo de 2019 tras constatar que el Estado colombiano había incumplido las recomendaciones que había emitido previamente. Se esperaba que la tan esperada audiencia de la Corte esta semana condujera a una decisión legal histórica que reforzara las obligaciones de los Estados de proteger y garantizar la seguridad de los periodistas, y en particular de las mujeres periodistas.
“En lugar de celebrar – después de 20 largos años – la justicia para Jineth Bedoya Lima, nos quedamos completamente decepcionados por la decisión del gobierno colombiano de retirarse de la audiencia”, dijo el CEO de WAN-IFRA, Vincent Peyrègne. “Sólo podemos denunciar lo que aparentemente fueron promesas vacías de priorizar la seguridad de los periodistas y aceptar la responsabilidad por los crímenes cometidos contra Jineth – y todas las sobrevivientes de la violencia sexual”.
En una resolución publicada el miércoles 17 de marzo, la Corte IDH rechazó como inadmisibles las alegaciones del gobierno colombiano y determinó que seguiría conociendo el caso hasta su conclusión.
WAN-IFRA hace un llamamiento al gobierno colombiano para que cumpla con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y reconozca la autoridad de la Corte IDH para pedir cuentas al poder en nombre de las víctimas.
“Condenamos totalmente este flagrante intento de deslegitimar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y con ella el caso de Jineth Bedoya Lima”, continuó Vincent Peyrègne. “El gobierno colombiano debería ser muy consciente del mensaje tóxico que su acción envía tanto a su pueblo como a la comunidad internacional: que el Estado de Derecho está una vez más amenazado, y que las víctimas de crímenes escandalosos no deben esperar justicia en Colombia.”